El pasado 23 de abril, la Comisión del Senado aprobó el documento definitivo, que ahora también acaba de aprobar la Cámara del Senado. Después, pasará a su aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados y finalmente se publicará en el BOE ya como Ley. Estos son los datos claves de la Ley
Según los informes científicos del IPCC, la región mediterránea es una las áreas más vulnerables del Planeta frente a los impactos del cambio climático (el coste de “hacer” en la lucha contra el cambio climático es muy inferior a las consecuencias de “no hacer”). Este el enfoque global sobre el que se sustenta la Ley de Cambio Climático y Transición Energética española.
Es una ley transversal que afectará a todos el sistema económico y productivo, así como a los actuales modelos de consumo.
- Descarbonización de la economía.
- Transitar hacia un modelo de producción más ecológico.
- Obligación de reporte no financiero de las empresas cotizadas.
- Cambio radical en el sistema energético nacional.
- Mejora de la intensidad energética primara en un 3,5% anual hasta 2030.
- Bajada de la dependencia energética del actual 74% al 61% en 2030.
- Mejora de la seguridad energética nacional.
- Movilización total de unos 200.000 millones de euros hasta 2030.
- Mejora del PIB de entre 16.500 y 25.700 al año.
- Generación de entre 250.000 y 350.000 empleos hasta 2030.
Los objetivos principales de la Ley para 2030 son:
- Reducir las emisiones hasta en un 23%.
- Que las energías renovables sean el origen, al menos, del 42% de la energía primaria.
- Que el sistema eléctrico tenga un aporte de energías renovables de al menos el 72%
- Mejorar la eficiencia energética reduciendo el consumo de energía en un 39,5%
- 2050: alcanzar la neutralidad climática
La Ley activará una serie de medidas encaminadas a conseguirlos:
- Promover en el dominio público hidrológico de generación de electricidad (las presas) las centrales hidroeléctricas reversibles.
- Instalar turbinas de generación eléctrica en los sistemas abastecimiento y saneamiento de agua urbana.
- Facilitar la instalación de sistemas de energía renovable en los edificios.
- Reducir la huella de carbono de los materiales usados en la construcción.
- Promover la rehabilitación de edificios con criterios de eficiencia energética para de reducir su consumo de energía (se está preparando un Plan de Rehabilitación de Vivienda y renovación Urbana).
- Se dejarán de conceder autorizaciones en el territorio nacional (mar y tierra) para la explotación de hidrocarburos o de minas de materiales radioactivos.
- Cese definitivo de la producción de carbón nacional.
- Se eliminan los beneficios discales a los productos energéticos de origen fósil (a no ser que estén justificados por interés general).
- Se fomentará especialmente el uso de los llamados gases renovables (biogás, biometano e hidrógeno). Recordad que el hidrógeno es una apuesta muy fuerte del actual Gobierno y que la red actual de gas se podría utilizar para su distribución.
- Para 2050 se quiere conseguir un parque de turismos y vehículos ligeros sin emisiones directas. Para ello, desde 2040 todos los vehículos a la venta tienen que ser de emisiones cero.
- Los municipios de más de 50.000 habitantes estarán obligados antes de 2023 a tener un plan de movilidad sostenible para: establecer zonas de bajas emisiones, fomentar los desplazamientos a pie o en bicicleta, reforzar y electrificar el transporte público, promover los vehículos privados eléctricos y mejorar la calidad del aire, entre otros objetivos.
- Obligación de que un porcentaje de los presupuestos generales del estado anuales vayan a cubrir las medidas propuestas en la Ley.
- Promover la contratación pública de aquellos productos o servicios que menor huella de carbono presenten
- Se incluirá la lucha contra el cambio climático en el sistema educativo, revisando el tratamiento que actualmente tiene en el currículo básico de los diferentes niveles de enseñanza y teniendo en cuenta la importancia que tiene la educación informal como complemento a la formal.
(foto: ICS/depositphoto)
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